Resalto las palabras de Maite Pagazaurtundúa, Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que reclamó algo que debería ser muy sencillo en una democracia desarrollada: Igualdad y Justicia.
Los días 11, 12 y 13 de febrero el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca el VI Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo y yo tuve la suerte de ser invitado.
En principio la finalidad del congreso es dar voz a las víctimas del terrorismo y contribuir a que tengan el reconocimiento social que merecen.
Como casi siempre en este tipo de actos hay quienes se significan con su ausencia y quienes lo hacen con su presencia. Y entre estos últimos quienes pugnan o hacen cola para salir en la correspondiente foto, o miden los lugares y tiempo de asistencia en base al provecho mediático que obtendrán dependiendo de una agenda analizada hasta el último detalle.
Y es que por más loables que sean los objetivos de la fundación organizadora, luego cada cual acude a estos eventos con los suyos propios, e incluso quienes no acuden lo hacen también en base a una estudiada coreografía.
Viendo este panorama uno se pregunta si no es posible estar al lado de las víctimas del terrorismo sin más, sin pretensiones políticas ni estudiadas poses, sin un balance político que tiene que dar positivo. Sí, ya sé, soy mayorcito para tanta ingenuidad. Es evidente que nuestra casta política vive de la pose constante como si de maniquís de la moda parisina se tratase, importan más las formas que los fondos y por desgracia ya nos hemos acostumbrado a la pasarela de frívolas escenografías.
Así que con este panorama, me quedo con las palabras de Maite Pagazaurtundúa Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que reclamó algo que debería ser muy sencillo en una democracia desarrollada, Igualdad y Justicia.
Igualdad para las víctimas con respecto a otras víctimas. A veces da la impresión de que las víctimas del terrorismo molestan. Los poderes públicos y mediáticos utilizan en ocasiones palabras como, proceso de paz, derechos históricos, presos políticos, insurgencia, violentos, conflicto … ese vocabulario que es el que usan los terroristas. Pero es que el terror está más allá de la violencia, es atroz, inhumano, inmoral y ataca la libertad y la base del sistema. No puede por lo tanto utilizarse un vocabulario voluntariamente confuso para intentar diluir la realidad según convenga y las víctimas tienen todo el derecho a denunciar esto y reclamar igualdad respecto a las víctimas de otros delitos. Tienen derecho a no ser moneda de cambio y a que nadie juegue a hacer política con ellos.
Justicia para las víctimas. Los asesinos no tienen inconveniente en reclamar sus derechos y ejercitarlos y la sociedad debe esforzarse además en que esos derechos sean garantizados, pero sin olvidar los derechos de las víctimas. Los derechos de los agresores no pueden pasar por encima de los de los agredidos, como sociedad no podemos permitirnos que las víctimas lo sean dos veces, primero cuando sufren las devastadoras consecuencias de las acciones de unos monstruos cobardes y luego cuando los derechos del terror acaban por imponerse a los suyos.
Hay cosas que podemos elegir y otras que no, terminaré esta breve crónica con un deseo, el de que como ciudadanos alcancemos la claridad mental de elegir a nuestros políticos por lo que realmente hacen no por lo que parece que hacen.
martes, 16 de febrero de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
C's y la reforma de las pensiones
Propuestas de C's en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Para C’s deben afrontarse cambios en el sistema de pensiones público, aunque no en la línea del retraso obligatorio de la edad de jubilación propuesta por el Gobierno socialista. C’s no comparte el alarmismo generado por el gobierno entorno al argumento de que el actual gasto en pensiones es insostenible y requiere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2025, porque el argumento ignora entre otros factores el propio crecimiento del Producto Interior Bruto en el mismo periodo.
Para C’s la jubilación debe entenderse como un derecho y no como una obligación y debería establecerse un sistema flexible de jubilación que permitiera que las personas que deseen jubilarse más tarde puedan hacerlo.
Ante una población cada vez más longeva consideramos necesario primar el retraso voluntario de la edad de jubilación como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Incentivando el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados.
Igualmente consideramos necesario limitar e incluso impedir, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos. La fórmula, aunque suaviza el carácter traumático de los expedientes de regulación de empleo, acarrea nefastas consecuencias para el sistema público de pensiones, que necesita -para mantener su viabilidad- el fomento de la prolongación voluntaria de la vida laboral aumentando el tiempo de cotización. Este mecanismo tiene además un elevado coste humano derivado de las consecuencias en la vida personal del empleado jubilado anticipadamente.
Propuestas de C’s en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Propuestas programa elecciones generales.
4.11 Pensiones mínimas
-Proponemos equiparar las pensiones más bajas, incluidas las de viudedad, al salario mínimo interprofesional y las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez al 75% del salario mínimo interprofesional.
4.12 Jubilación
-Incentivaremos el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
-Limitaremos, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos.
4.13 Fondo de reserva para pensiones
-Proponemos aportaciones sostenidas al Fondo de Reserva del Sistema Público de Pensiones en una cuantía nunca inferior al 0,1% del PIB.
Para C’s deben afrontarse cambios en el sistema de pensiones público, aunque no en la línea del retraso obligatorio de la edad de jubilación propuesta por el Gobierno socialista. C’s no comparte el alarmismo generado por el gobierno entorno al argumento de que el actual gasto en pensiones es insostenible y requiere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2025, porque el argumento ignora entre otros factores el propio crecimiento del Producto Interior Bruto en el mismo periodo.
Para C’s la jubilación debe entenderse como un derecho y no como una obligación y debería establecerse un sistema flexible de jubilación que permitiera que las personas que deseen jubilarse más tarde puedan hacerlo.
Ante una población cada vez más longeva consideramos necesario primar el retraso voluntario de la edad de jubilación como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Incentivando el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados.
Igualmente consideramos necesario limitar e incluso impedir, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos. La fórmula, aunque suaviza el carácter traumático de los expedientes de regulación de empleo, acarrea nefastas consecuencias para el sistema público de pensiones, que necesita -para mantener su viabilidad- el fomento de la prolongación voluntaria de la vida laboral aumentando el tiempo de cotización. Este mecanismo tiene además un elevado coste humano derivado de las consecuencias en la vida personal del empleado jubilado anticipadamente.
Propuestas de C’s en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Propuestas programa elecciones generales.
4.11 Pensiones mínimas
-Proponemos equiparar las pensiones más bajas, incluidas las de viudedad, al salario mínimo interprofesional y las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez al 75% del salario mínimo interprofesional.
4.12 Jubilación
-Incentivaremos el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
-Limitaremos, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos.
4.13 Fondo de reserva para pensiones
-Proponemos aportaciones sostenidas al Fondo de Reserva del Sistema Público de Pensiones en una cuantía nunca inferior al 0,1% del PIB.
lunes, 1 de febrero de 2010
C’s contra la Ley del cine de Cataluña
C's presentó el 28 de enero una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Cine de Cataluña promovido por el PSC, que impone cuotas del 50% de doblaje en catalán para aquellas películas que distribuyan más de 15 copias, previendo sanciones para quienes la incumplan de hasta 75.000 €.
Este proyecto de ley se ha presentado sin buscar un acuerdo con el sector y sin que exista una demanda por parte del público, ya que en los últimos casos en los que ha habido más distribución de cintas dobladas al catalán que al castellano, la recaudación de éstas últimas fue 5 veces superior (por ejemplo la película de Woody Allen, “Vicky, Cristina, Barcelona”).
Ante este nueva coacción a la libertad La Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Gremio de Empresarios de cine de Cataluña (que agrupa al 81% del sector, con un total de 525 pantallas) ha convocado una huelga para el próximo 1 de febrero coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí de cinematografía, la gran fiesta de la industria audiovisual catalana, que concede la Academia del Cine Catalán, presidida por Joel Joan.
¿Por qué se opone C’s a la imposición de cuotas de doblaje en catalán?
Las cuotas en el doblaje supondrán una reducción de ingresos, independientemente de las sanciones, para un sector ya de por si inmerso en una profunda crisis, lo cual puede implicar la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Un informe económico elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, anuncia que el sector pasará de ingresar 130 millones de euros a 70 millones, y de una cifra de 20 millones de espectadores se bajará a 10 millones. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia) las cifras se reducirían a 30 millones de euros de recaudación y apenas a cuatro millones de espectadores. Un auténtico cataclismo para el sector.
La imposición del catalán mediante sanciones es un flaco favor al prestigio y percepción social del idioma. La lengua catalana ha de ser percibida como un valioso patrimonio cultural y no como una obligación y una imposición.
El establecimiento de cuotas de 50% de doblaje en catalán no responde a una demanda del espectador catalán no satisfecha por las distribuidoras, sino a la voluntad política nacionalista de condicionar los usos lingüísticos de la sociedad en su aspiración de construir una Cataluña monolingüe, pasando por encima de la libertad de los individuos y prescindiendo de la riqueza cultural de otras lenguas.
La posición del PSC, hoy firme defensor de la medida mientras que se opuso a una equivalente cuando se encontraba en la oposición, demuestra la hipocresía de ese partido y su falta de principios, por una mera ambición de mantenerse en el poder con el apoyo de ERC.
La intervención de las instituciones públicas en el cine se han de centrar en incentivar una industria cinematográfica catalana y en fomentar la creación artística y su difusión. Así, lo que sí que debe hacer la Generalitat es facilitar la producción y distribución del arte, procurando que la lengua no sea un condicionamiento de la creación, teniendo en cuenta que, efectivamente, el catalán es una lengua con un fuerte arraigo en su ámbito de actuación y con mayores dificultades de distribución, sin que ello implique, lógicamente, la marginación en el uso de otras.
El doblaje del cine se lleva a cabo por criterios comerciales para acercar un producto a un mercado no familiarizado con el idioma original, pero desde un punto de vista artístico y cultural tiene más sentido que las instituciones públicas fomenten la versión original para preservar la integridad de la obra y promocionar el conocimiento de otros idiomas.
Porque puede provocar que las grandes majors estadounidenses no aceptarán la imposición del doblaje y pueden optar por no doblar, es decir, por no estrenar sus películas en Cataluña.
Resulta intolerable que el gobierno de la Generalitat priorice asuntos como el doblaje del cine cuando Cataluña es la comunidad en la que la crisis ha incidido más en el paro y en el producto interior bruto, no sólo porque desatiende las verdaderas prioridades de los ciudadanos, sino porque son medidas que en nada ayudan al tejido empresarial ni a la creación de empleo en un momento especialmente delicado.
Este proyecto de ley se ha presentado sin buscar un acuerdo con el sector y sin que exista una demanda por parte del público, ya que en los últimos casos en los que ha habido más distribución de cintas dobladas al catalán que al castellano, la recaudación de éstas últimas fue 5 veces superior (por ejemplo la película de Woody Allen, “Vicky, Cristina, Barcelona”).
Ante este nueva coacción a la libertad La Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Gremio de Empresarios de cine de Cataluña (que agrupa al 81% del sector, con un total de 525 pantallas) ha convocado una huelga para el próximo 1 de febrero coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí de cinematografía, la gran fiesta de la industria audiovisual catalana, que concede la Academia del Cine Catalán, presidida por Joel Joan.
¿Por qué se opone C’s a la imposición de cuotas de doblaje en catalán?
Las cuotas en el doblaje supondrán una reducción de ingresos, independientemente de las sanciones, para un sector ya de por si inmerso en una profunda crisis, lo cual puede implicar la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Un informe económico elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, anuncia que el sector pasará de ingresar 130 millones de euros a 70 millones, y de una cifra de 20 millones de espectadores se bajará a 10 millones. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia) las cifras se reducirían a 30 millones de euros de recaudación y apenas a cuatro millones de espectadores. Un auténtico cataclismo para el sector.
La imposición del catalán mediante sanciones es un flaco favor al prestigio y percepción social del idioma. La lengua catalana ha de ser percibida como un valioso patrimonio cultural y no como una obligación y una imposición.
El establecimiento de cuotas de 50% de doblaje en catalán no responde a una demanda del espectador catalán no satisfecha por las distribuidoras, sino a la voluntad política nacionalista de condicionar los usos lingüísticos de la sociedad en su aspiración de construir una Cataluña monolingüe, pasando por encima de la libertad de los individuos y prescindiendo de la riqueza cultural de otras lenguas.
La posición del PSC, hoy firme defensor de la medida mientras que se opuso a una equivalente cuando se encontraba en la oposición, demuestra la hipocresía de ese partido y su falta de principios, por una mera ambición de mantenerse en el poder con el apoyo de ERC.
La intervención de las instituciones públicas en el cine se han de centrar en incentivar una industria cinematográfica catalana y en fomentar la creación artística y su difusión. Así, lo que sí que debe hacer la Generalitat es facilitar la producción y distribución del arte, procurando que la lengua no sea un condicionamiento de la creación, teniendo en cuenta que, efectivamente, el catalán es una lengua con un fuerte arraigo en su ámbito de actuación y con mayores dificultades de distribución, sin que ello implique, lógicamente, la marginación en el uso de otras.
El doblaje del cine se lleva a cabo por criterios comerciales para acercar un producto a un mercado no familiarizado con el idioma original, pero desde un punto de vista artístico y cultural tiene más sentido que las instituciones públicas fomenten la versión original para preservar la integridad de la obra y promocionar el conocimiento de otros idiomas.
Porque puede provocar que las grandes majors estadounidenses no aceptarán la imposición del doblaje y pueden optar por no doblar, es decir, por no estrenar sus películas en Cataluña.
Resulta intolerable que el gobierno de la Generalitat priorice asuntos como el doblaje del cine cuando Cataluña es la comunidad en la que la crisis ha incidido más en el paro y en el producto interior bruto, no sólo porque desatiende las verdaderas prioridades de los ciudadanos, sino porque son medidas que en nada ayudan al tejido empresarial ni a la creación de empleo en un momento especialmente delicado.
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