C's presentó el 28 de enero una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Cine de Cataluña promovido por el PSC, que impone cuotas del 50% de doblaje en catalán para aquellas películas que distribuyan más de 15 copias, previendo sanciones para quienes la incumplan de hasta 75.000 €.
Este proyecto de ley se ha presentado sin buscar un acuerdo con el sector y sin que exista una demanda por parte del público, ya que en los últimos casos en los que ha habido más distribución de cintas dobladas al catalán que al castellano, la recaudación de éstas últimas fue 5 veces superior (por ejemplo la película de Woody Allen, “Vicky, Cristina, Barcelona”).
Ante este nueva coacción a la libertad La Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Gremio de Empresarios de cine de Cataluña (que agrupa al 81% del sector, con un total de 525 pantallas) ha convocado una huelga para el próximo 1 de febrero coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí de cinematografía, la gran fiesta de la industria audiovisual catalana, que concede la Academia del Cine Catalán, presidida por Joel Joan.
¿Por qué se opone C’s a la imposición de cuotas de doblaje en catalán?
Las cuotas en el doblaje supondrán una reducción de ingresos, independientemente de las sanciones, para un sector ya de por si inmerso en una profunda crisis, lo cual puede implicar la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Un informe económico elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, anuncia que el sector pasará de ingresar 130 millones de euros a 70 millones, y de una cifra de 20 millones de espectadores se bajará a 10 millones. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia) las cifras se reducirían a 30 millones de euros de recaudación y apenas a cuatro millones de espectadores. Un auténtico cataclismo para el sector.
La imposición del catalán mediante sanciones es un flaco favor al prestigio y percepción social del idioma. La lengua catalana ha de ser percibida como un valioso patrimonio cultural y no como una obligación y una imposición.
El establecimiento de cuotas de 50% de doblaje en catalán no responde a una demanda del espectador catalán no satisfecha por las distribuidoras, sino a la voluntad política nacionalista de condicionar los usos lingüísticos de la sociedad en su aspiración de construir una Cataluña monolingüe, pasando por encima de la libertad de los individuos y prescindiendo de la riqueza cultural de otras lenguas.
La posición del PSC, hoy firme defensor de la medida mientras que se opuso a una equivalente cuando se encontraba en la oposición, demuestra la hipocresía de ese partido y su falta de principios, por una mera ambición de mantenerse en el poder con el apoyo de ERC.
La intervención de las instituciones públicas en el cine se han de centrar en incentivar una industria cinematográfica catalana y en fomentar la creación artística y su difusión. Así, lo que sí que debe hacer la Generalitat es facilitar la producción y distribución del arte, procurando que la lengua no sea un condicionamiento de la creación, teniendo en cuenta que, efectivamente, el catalán es una lengua con un fuerte arraigo en su ámbito de actuación y con mayores dificultades de distribución, sin que ello implique, lógicamente, la marginación en el uso de otras.
El doblaje del cine se lleva a cabo por criterios comerciales para acercar un producto a un mercado no familiarizado con el idioma original, pero desde un punto de vista artístico y cultural tiene más sentido que las instituciones públicas fomenten la versión original para preservar la integridad de la obra y promocionar el conocimiento de otros idiomas.
Porque puede provocar que las grandes majors estadounidenses no aceptarán la imposición del doblaje y pueden optar por no doblar, es decir, por no estrenar sus películas en Cataluña.
Resulta intolerable que el gobierno de la Generalitat priorice asuntos como el doblaje del cine cuando Cataluña es la comunidad en la que la crisis ha incidido más en el paro y en el producto interior bruto, no sólo porque desatiende las verdaderas prioridades de los ciudadanos, sino porque son medidas que en nada ayudan al tejido empresarial ni a la creación de empleo en un momento especialmente delicado.
lunes, 1 de febrero de 2010
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