NO ES DERECHO, SINO MEZQUINA PRETENSION

Los colectivos catalanistas, como la subvencionadísima Obra Cultural Balear ( OCB ), respaldados por el Govern, reclaman de la sociedad balear, y de la Sanidad pública en particular (IB-Salut) el derecho a ser atendido en catalán. Justo cuando celebramos el 60. Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llamar “derecho” a una mera pretensión nacionalista es, cuando menos, un acto de frivolidad.

Cabe preguntarse si la pretensión de ser atendido en lengua regional está recogida como derecho en algún lugar distinto a la recóndita neurona del nacionalista periférico . Yo, al menos, no he encontrado tal “derecho” en la normativa de ningún país democrático. Lo que sí constatamos es que en países democráticos con lenguas regionales, como Francia, Reino Unido o Alemania, no es obligatorio acreditar su conocimiento. En otras palabras, los países democráticos no obstaculizan la movilidad laboral de sus ciudadanos mediante la acreditación de un nivel X de lengua regional para acceder a la función pública.

¿ Cómo se puede llamar derecho a la pretensión de que la realidad social tenga que adaptarse vía decretazo al capricho identitario del catalanista ?

Que en casa los padres le hayan hablado a uno siempre en lengua regional no significa que la realidad social deba corresponderse lingüísticamente con la del entrañable y tierno hogar materno; sostener lo contrario es constatar que esta pretensión sentimental identitaria tiene, por si fuera poco, un componente de inmadurez infantiloide plasmado en la ausencia del sentido del ridículo que exhiben los catalanistas con sus extravagantes reivindicaciones.

Estamos, una vez más, ante el mundo virtual de los Paisos Catalans frente a la tozuda realidad de la sociedad balear, cosmopolita y diversa que, mal les pese, tiene ya en la lengua castellana, la española por antonomasia, su más eficaz herramienta de comunicación.

Al nacionalista “Hi tenim dret” (“Tenemos derecho a ello”) , en apoyo al referido proyecto-decretazo del catalanista Govern presidido por Francesc Antich, hay que contestarle sin complejos: “No, muchachos, no tenéis derecho a ello. Simplemente porque tal derecho no existe; os lo estáis inventando. Lo que llamáis derecho no es sino una aldeana y mezquina pretensión sentimental que queréis imponer al resto de la sociedad y que limitaría las posibilidades laborales de muchísimos ciudadanos, sobre todo de otras regiones españolas”. Mezquina pretensión, como si uno inventara el “derecho” a ser atendido por alguien de la misma confesión religiosa o idéntica condición racial.

Hubo un tiempo en España, anterior a la Constitución liberal de 1812, en que para ser funcionario era insoslayable requisito “ser uno de los nuestros” acreditando un certificado de “cristiano viejo”, de modo que aquellos con antepasados judíos y moriscos no tenían acceso al empleo público. La diferencia al respecto con aquel pasado excluyente e inquisitorial estriba en que el certificado de “cristiano viejo” ha sido sustituido por el de “nivel X” de catalán.

Si esta archisubvencionada minoría catalanista no sintiera odio por el español, como los etarras que se niegan a hablarlo en la Audiencia Nacional, no se daría esta controversia. Pero es que, además de este odio hacia lo que ellos consideran foráneo, originado desde el irracional sentimiento identitario que informa el nacionalismo, hay con ello algo más, vulgar y prosaico: el afán del catalanismo por acaparar todos los sectores y puestos de trabajo dependientes de la Administración pública. La codicia por el poder y el vil metal.

Al poner filtros para que sólo ejerzan quienes dominan el catalán se establece una suerte de apartheid para conseguir con él un mayor número de profesionales autóctonos afines al régimen político del nacionalismo excluyente que gestiona las Islas, continuando con la exclusión que, con menor brutalidad, inició en su día el PP balear.

Triste panorama que manifiesta la baja calidad democrática de unas Instituciones anquilosadas en la partitocracia que dificulta a los ninguneados ciudadanos reconocerse y confiar en ellas.

Me temo que los catalanistas, con su Govern a la cabeza, elevarán a la categoría de derecho lo que no es otra cosa que una xenófoba pretensión excluyente. La convertirán en norma legal, que nunca será legítima por contraria a la ética y carecer del suficiente respaldo social. Y ocurrirá hasta que la sociedad dé la espalda a los viejos partidos y apueste por jóvenes y sanas opciones regeneracionistas como la que representa Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

José Antonio Braojos Gómez, coordinador balear de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 2008